El Proyecto de Ley liderado por el representante John Jairo Berrío avanza a su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, buscando regular las exenciones arancelarias y tributarias de plataformas de comercio electrónico como Shein, Temu y AliExpress para proteger la manufactura y el empleo nacional.
Debate legislativo e impacto económico en el sector manufacturero
En el marco de una audiencia pública en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, legisladores, voceros del Gobierno y representantes del gremio textil, de la marroquinería y del calzado evaluaron los efectos de las ventas masivas procedentes de China. La iniciativa del representante propone eliminar los beneficios tributarios al paqueteo internacional para equiparar las condiciones de competencia frente a las empresas locales.
Durante la sesión, el representante Franklin Lozano de la Ossa, del Partido Conservador Colombiano, catalogó el esquema de envíos como una modalidad de contrabando que utiliza zonas francas en Estados Unidos y declaraciones falsas para evadir el pago de impuestos. El congresista solicitó la intervención inmediata del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para frenar el impacto en la tributación y el mercado interno. Por su parte, la representante Carol Borda, del partido Salvación Nacional, respaldó las medidas de protección a la economía local.
Testimonios del empresariado y afectación en la producción nacional
La jornada incluyó la intervención de Arturo Calle, fundador de la cadena de vestuario, quien denunció la pérdida de miles de puestos de trabajo directos debido a la brecha de precios frente a los productos importados a través de plataformas digitales. El empresario citó como ejemplo la comercialización de calzado nacional con precios de venta entre $200.000 y $300.000 pesos, en comparación con artículos importados similares ofrecidos en portales digitales por $40.000 pesos. Asimismo, Calle denunció la venta no autorizada de productos con su marca e identidad gráfica en estos sitios web.
El texto final para la discusión en el pleno de la Cámara de Representantes será redactado por la comisión accidental encargada, incorporando las observaciones técnicas del sector industrial y del Gobierno Nacional.
